DIGNIDAD Y JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO

DIGNIDAD Y JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO

Himelda Ascanio

El 6 de marzo es el Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, revindica las víctimas de los 6.402 Falsos Positivos, las 120.000 Desapariciones Forzadas, y el Genocidio de la Unión Patriótica, A Luchar, el Frente Popular y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc).

El Genocidio continuado que perpetra el Estado colombiano durante más de siete décadas lo ha recrudecido después de la Firma del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016, perpetrando 271 masacres, asesinando más de 1.300 dirigentes populares y más de 305 excombatientes e incrementó en más de 180 por ciento del desplazamiento forzado; en 2022 van 35 líderes y 7 excombatientes asesinados, y perpetrado 22 masacres [1].

Exterminio que se suma a las 7.260 víctimas de Crímenes de Lesa humanidad perpetrados durante el Paro Nacional de 2021: entre ellos 89 asesinados, 1.929 heridos, 103 lesiones oculares graves, 3.576 detenciones arbitrarias, 103 violaciones sexuales, más de 312 desaparecidos y 343 ataques contra Defensores de DDHH [2].

No existe democracia para las Víctimas

Para el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), “la impunidad que envuelve los crímenes cometidos por agentes estatales, es el combustible para el recrudecimiento de la violencia del Estado contra la población civil, la perpetuidad del exterminio a la oposición y la prolongación de un régimen autoritario”, a la vez que reafirman el compromiso por la verdad y la justicia [3].

En el Acuerdo de Paz pactaron crear 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) que representaría en la Cámara de Representantes los casi 9 millones de víctimas del Conflicto Armado; la Registraduría exigió a los candidatos pagar una póliza de 7 millones de Pesos para tener acceso al 50 por ciento de la financiación estatal para hacer campaña, además no priorizó la inscripción de cédulas ni la instalación de puestos de votación en los 167 municipios que abarca las regiones más azotadas por la violencia, y los bancos negaron la apertura de cuentas a las organizaciones sociales y de víctimas por no ser Partidos Políticos.

Lo peor de todo ha sido la proliferación de candidatos por parte de clanes y mafias políticas, tal es el caso de Yoyo Tovar hijo del narcoparamilitar Jorge 40 que se apoderó de la Circunscripción 12 que comprende los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira que concentran la mayoría de víctimas de los hermanos Castaño, Hernán Giraldo, Jorge 40 y Salvatore Mancuso.

El 10 de marzo 10 aspirantes de las víctimas a la Circunscripción 12 presentaron la renuncia masiva por haber sido revictimizados por 300 narcoparamilitares, que incursionaron en Palmor de Ciénaga, Magdalena, además de ser engañados, utilizados e ignorados por las instituciones del Estado que respaldan al victimario y no a la víctima [4]. 

¡Cese al Genocidio político!

Luciano Ortiz Pineda era Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Armenia, el 6 de marzo su cadáver fue hallado en una fosa común ubicada en límites de las veredas El Edén y La Armenia de Planadas, Huila.

Eduardo Emilio Vanegas Mendoza era Presidente de la JAC de Pueblo Mejía y víctima de desplazamiento forzado; fue asesinado el 6 de marzo en la vereda La Riqueza de Barranco de Loba, Sur de Bolívar.

La Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) denunció el 7 de marzo el desplazamiento forzado de 90 familias, un total de 281 personas del Resguardo Pipalta Palbí Yaguapí ubicado en el corregimiento Buenavista de Barbacoas, Nariño.

Durante las jornadas del Día Internacional de la Mujer en Medellín la policía militarizada del Esmad reprimió la manifestación, capturó ilegalmente y obstaculizó el trabajo de Jennifer Mejía periodista de Le Cuento y Pacifista, mientras registraba la captura ilegal de la manifestante Tatiana Herrera.

Marcos Morales era Presidente de la JAC de la vereda Miramar, fue asesinado el 9 de marzo en la vereda Tailandia de La Montañita, Caquetá. 

Gustavo Guerrero Ramírez era Presidente de la JAC de la vereda Villa Colombia de Villa Garzón, Putumayo, fue asesinado el 9 de marzo en su vivienda.

En el corregimiento Gaira de Santa Marta, Magdalena, el 11 de marzo perpetraron una masacre que dejó tres víctimas de una familia identificadas como Alfonso López Mendoza, Estiven Jiménez Gutiérrez y Heiner Canoles Gutiérrez.

Diana Hurtado defensora de DDHH y víctima de la masacre La Chinita y Ménderson Mosquera coordinador de la Mesa de Víctimas de Antioquia, aspirantes a las Citrep por Urabá fueron víctimas de un atentado sicarial del que salieron ilesos el 11 de marzo en la vía que conduce de Chigorodó a Carepa, Antioquia.

El 11 de marzo en una incursión armada en la vereda Miraflores del corregimiento Banco de Arena de Cúcuta, Norte de Santander, los narcoparamilitares mataron a Gerley Carrillo de 33 años y a Santiago Riveros de 74, y dejaron gravemente herido a Virgilio Rubio de 63 años Expresidente de la JAC de la vereda El Infierno.

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[1] Banco de datos de la Revista Insurrección.

[2] Informe: El Sometimiento de la Democracia. Defender la Libertad, 16-12-2021.

[3] ¡Las víctimas de Crímenes de Estado en Colombia sí existen! Movice, 06-03-2020.

[4] Renuncia masiva de candidatos a curules de paz en el Caribe por falta de garantías. El Espectador, 10-03-2022.

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