Himelda Ascanio
Las luchas y resistencias indígenas por la defensa de la vida y el territorio, entran en confrontación directa con los planes de extracción de recursos y los megaproyectos de las empresas multinacionales, lo que genera un Genocidio, similar al perpetrado por los imperios europeos desde 1492.
El especialista en cultura indígena latinoamericana John Maximino Muñoz Téllez, afirmó que «la mayor masacre de la historia de la humanidad ocurrió aquí, en nuestra Latinoamérica y ni un triste museo del holocausto, 60 millones de indígenas ‘masacrados’ por el imperio español, unos 400 mil cada año” [1].
A 528 años del inicio de la resistencia indígena el Etnocidio continúa por los mismos fines de despojo; en Colombia existen 102 Pueblos Indígenas, 8 en aislamiento voluntario, el 69 por ciento en grave riesgo de exterminio físico y cultural, según la Corte Constitucional 39 de estos en inminente riesgo de extinción [2].
Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 hasta la fecha han asesinado 1.024 líderes sociales, 293 de estos son líderes indígenas (29 por ciento), en lo corrido del año han asesinado 71 líderes indígenas [3].
Para la defensa de la vida y el territorio la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) convocó a la Minga Social, Popular y Comunitaria desde el 10 de octubre [4]; convocatoria que fue estigmatizada por el ex Senador Álvaro Uribe Vélez quien afirmó que, “la Minga que se prepara para el 12 de octubre tiene un objetivo político: la toma socialista del Estado” [5].
Élites victimarias
El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en su Informe del primer semestre del 2020, registró 1.156 violaciones de Derechos Humanos (DDHH); resaltan que hay un aumento progresivo de victimizaciones y ubican a las Fuerzas Armadas (FFAA) como los principales violadores de los DDHH con 412 casos, por encima de los grupos paramilitares con 223 casos. La Policía cometió 173 detenciones arbitrarias, 8 asesinatos, 59 heridos y 37 amenazas de muerte contra la población.
El Informe registró 780 agresiones por violencia política, 169 casos más que el año anterior, 221 asesinatos por persecución política y 34 ejecuciones de civiles por agentes del Estado, 2 atentados, 221 amenazas de muerte, 78 lesiones físicas, 21 casos de tortura, 10 casos de violencia y abuso sexual, 4 desapariciones forzadas y 189 detenciones arbitrarias. Las regiones donde se presentaron la mayoría de las violaciones a los DDHH fueron: Bogotá con 182 victimizaciones, Antioquia con 108 y Cauca con 47 [6].
El Scerdote Javier Giraldo en la presentación del Informe aseguró que, “es evidente que detrás del asesinato de líderes indígenas, negros o campesinos, quienes protestan en contra de la exploración y explotación minera o petrolera están las compañías respectivas, pero sus gerentes nunca enviarán a sus agentes de seguridad, seguramente van a buscar sicarios discretamente para que les coticen el crimen con garantías de reserva e impacto efectivo en el entorno”.
“La identidad real del victimario hay que buscarla en un discernimiento franco de intereses en juego y ese discernimiento tiene que llevar a la política global del Gobierno vigente y el respaldo o identificación con esa política de las élites empresariales, mediáticas y partidarias que las respaldan, a cuyos intereses responde el exterminio del liderazgo social y de oposición política incluido los ex combatientes” [7].
Persecución que no se debe normalizar
Ana Lucía Bisbicús García de 50 años, integrante de la comunidad indígena Awá del resguardo Pipalta Palvi Yaguapí en Barbacoas, Nariño, fue asesinada el 3 de octubre mientras asistía a un velorio, hombres armados la retiraron del sitio y la asesinaron detrás de la iglesia.
Euloquio Pascal Rodríguez de 42 años, era integrante de la Guardia Mayor del Resguardo indígena de La Brava del pueblo Awá, corregimiento La Espriella en Tumaco, Nariño, fue asesinado el 8 de octubre de 2019.
En la vereda Comuneros de Jamundí, Valle del Cauca, el 9 de octubre sicarios perpetraron una masacre que dejó cuatro víctimas fatales: Meyer Dayan Ramírez de 28 años, José Luis Campo de 32 años, Edgar Hernández Campo de 41 años y Eider Gutiérrez Corrales de 59 años.
Oswaldo Rojas, líder en Gengadó, Territorio Colectivo Afro de Curbaradó, Chocó; fue asesinado el 10 de octubre por narco paramilitares del Clan del Golfo.
Sandra Lagos, Presidenta de la comunidad de Puerto Playa, en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA), denunció que el 10 de octubre fue amenazada en su casa de Puerto Asís, Putumayo, por la banda mafiosa Comandos Frontera, en barrios militarizados por la Brigada 27 del Ejército y la Policía Nacional.
Líderes indígenas Emberá del Resguardo Cameruj desde el 6 de septiembre buscan a Luis Hernando Rodríguez secuestrado por narco paramilitares en la comunidad Corrobo de Murindó, Antioquia; recibieron amenazas de muerte si continúan con esta búsqueda; denunciaron este secuestro sin que el Estado tome acciones en este asunto.
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[1] Memorias del holocausto indígena en América Latina. TeleSur, 27-01-2019.[2] Declaración de Emergencia Humanitaria de y por los Pueblos Indígenas. ONIC, 9-08-2019.[3] Líderes indígenas asesinados entre 2016 y 2020. Indepaz, 9-10-2020.[4] Carta abierta al Presidente Iván Duque: Minga por la vida, el territorio, la democracia y la paz. CRIC, 06-10-2020.[5] Cuenta oficial en Twitter de Álvaro Uribe Vélez @AlvaroUribeVel, 6-10-2020.[6] Revista Noche y Niebla No. 61:Minería de Carbón y Des-Arroyo. CINEP, 6-10-2020.[7] Minería de carbón y des-arroyo: etnocidio y ecocidio en La Guajira. CINEP, 6-10-2020.
