Omaira Sáchica
Durante el 2020 se incrementaron fenómenos ambientales como pandemias, ciclones, inundaciones e incendios que desencadenaron múltiples desastres, que son el resultado de aplicar un modelo de desarrollo depredador que arruina el planeta y sus especies.
El Gobierno de Duque se ha caracterizado por tener una política económica y ambiental en favor de las multinacionales y los mega empresarios, ahora con la excusa de cubrir el daño económico agravado por el Covid-19, anuncia una nueva fase de extractivismo llamado Locomotora minero-energética 2.0.
La excesiva contaminación producida por la industrialización y el extractivismo en todo el mundo han agotado las existencias de agua potable; ahora este vital líquido empieza a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street, aplicado para las cuencas hídricas de California, lo que implica la generalización de la privatización del agua.
El Índice NQH20 marcará el precio internacional del agua, inicialmente tiene un valor de 39 centavos de dólar por tonelada métrica [1], lo que da inicio a la globalización y especulación con el agua como mercancía.
Minería destroza fábricas de agua
Es estratégica la función que desarrollan los bosques de niebla, más conocidos como páramos, en donde nace el 70 por ciento del agua potable del país; en Colombia hay 37 páramos que cubren 2.906.137 hectáreas, de los cuales 25 (67,5 por ciento) está en riesgo por los efectos de la megaminería [2].
El caso más representativo es el Páramo de Santurbán que abastece de agua potable a 2,5 millones de personas y alimenta las cuencas de los ríos Magdalena y Orinoco, y del Lago de Maracaibo, pero este Gobierno antisocial entregó este nacedero de agua a la empresa minera Minesa, propiedad de magnates de Emiratos Árabes Unidos.
La codicia fractura el subsuelo
El Fracturamiento Hidráulico (Fracking) es una técnica de extracción de hidrocarburos que ocasiona daños irreversibles e irreparables porque durante el proceso de fractura hidráulica, una importante cantidad de gas metano y otros productos químicos tóxicos se filtran y contaminan las aguas subterráneas, que suelen ser la fuente hídrica para el consumo de las comunidades.
En noviembre de 2018 el Consejo de Estado, valiéndose del Principio de Precaución consagrado en la Constitución, decretó Medidas Cautelares que suspendieron el Fracking; sin embargo, el Gobierno a toda costa insiste en la aplicación de esta letal técnica.
Campesinos fumigados
El Glifosato es un herbicida no selectivo de amplio espectro utilizado por el Gobierno para la erradicación de cultivos de uso ilícito; según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el Glifosato es altamente perjudicial para la salud y acarrea grandes perjuicios ambientales, principalmente por la contaminación de fuentes hídricas.
Por Principio de Precaución la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-236 de 2017 restringió la fumigación aérea con Glifosato; sin embargo, el Gobierno para cumplir los dictados de la fracasada Guerra contra las drogas de los EEUU continúa obstinado en retomar el uso del Glifosato.
Cabe recordar que recientemente la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental (WHDPC, por sus siglas en inglés) del Congreso de los EEUU, admitió que la aspersión aérea con Glifosato no son funcionales, y traen más perjuicios que beneficios [3].
Talar bosque tropical húmedo ¿a quién sirve?
La ambición económica ha sido la gran responsable de la deforestación de los bosques nativos, las principales causas de este ecocidio son la expansión de terrenos destinados a monocultivos como soja y aceite de palma, la cría de ganado, los cultivos de uso ilícito, la tala de maderas y la minería.
La deforestación más grave se centra en la Amazonía, en los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo y Amazonas; según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), en el primer semestre de este año han deforestado 76.200 hectáreas (Ha) de bosque primario en la Amazonia, en los últimos 6 años se han perdido 552.600 Ha [4].
No hay Planeta de repuesto
Durante el 2020 la política depredadora de Duque se enfrentó a la lucha social de las comunidades, que con la movilización popular y diversos recursos jurídicos pusieron freno a algunos proyectos dañinos con el medio ambiente; varias zonas en peligro fueron decretadas Sujetos de Derecho, lo que dificulta la expoliación de tales bienes naturales.
En Colombia urge una verdadera política ambiental que salvaguarde el ambiente por encima de los negocios, y este propósito solo será posible cuando la sociedad asuma su responsabilidad histórica e imponga una política ambiental y económica en favor de las mayorías, y proteccionista de la Madre Tierra.
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[1] El agua ya cotiza en Wall Street, un paso más para que un derecho humano se convierta en mercancía. Forbes, 9-12-2020.[2] Los páramos de Colombia, en peligro por la minería a gran escala. France 24 9-10-2020.[3] Reporte de la WHDPC, Contagio Radio, 3-12-2020.[4] Informe Cifras de Deforestación en el Bioma Amazónico. FCDS, 21-06-2020.