CRÍMENES CONTRA EL PARO NACIONAL DENUNCIADOS ANTE LA CPI

CRÍMENES CONTRA EL PARO NACIONAL DENUNCIADOS ANTE LA CPI

Himelda Ascanio

El Paro Nacional iniciado el 28 de abril recibió un trato de Guerra por parte del Gobierno y después los manifestantes son perseguidos y ejecutados, Crímenes de Lesa Humanidad que acaban de ser denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Defensores de Derechos Humanos (DDHH) agrupados en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Temblores ONG, la Red de DDHH Francisco Isaías Cifuentes y el Senador Iván Cepeda presentaron el 28 de septiembre el Tercer Informe ante la CPI, sobre “Crímenes de Lesa Humanidad ocurridos en Colombia en medio de las manifestaciones que se han desarrollado desde el 28 de abril” [1].

El informe registra 1.088 víctimas en 136 hechos violentos que perpetraron desde el 7 de junio hasta el 28 de septiembre, que sumados a los sufridos desde el 28 de abril da un total de 3.954 víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad tales como asesinatos, violencia sexual, tortura, detención ilegal, lesiones físicas y desaparición forzada; de estos, 326 crímenes fueron contra defensores de DDHH y Brigadas Médicas por sus labores de acompañamiento a la protesta social.   

Los denunciantes señalan que acuden a la CPI debido a la demora e irregularidades por parte de la Fiscalía en las investigaciones de los crímenes, la impunidad de la Justicia Penal Militar (JPM) que abrió unos cuantos procesos solo contra los autores materiales, exculpando a los determinadores y jefes jerárquicos.

Por los 87 manifestantes asesinados la JPM solo adelanta 13 investigaciones y otra más la Fiscalía, sobre las desapariciones forzadas y torturas pese a que hay material probatorio suficiente la Fiscalía se niega a abrir investigaciones, lo que evidencia la estrategia oficial de ocultamiento e impunidad.

El Informe alerta a la CPI del plan de intimidación y silenciamiento a víctimas y testigos en la mayoría de crímenes donde los perpetradores son las Fuerzas Militares y la Policía, con constantes y sistemáticas amenazas de muerte, atentados y estigmatizaciones contra jóvenes, estudiantes, profesores de universidades y líderes del Paro Nacional lo que ha llevado a varios de ellos al exilio.

El Paro Nacional estalló contra la corrupción, represión y hambre a las que somete el régimen a la población, el trato de Guerra que dan a los manifestantes obedece a la Doctrina de Seguridad Nacional que trata como “enemigo interno” a quienes se oponen a las políticas del régimen, que solo vela por los intereses de las corporaciones locales y extranjeras dedicadas al saqueo de bienes naturales y recursos públicos.

Ratas asesinas contra el pueblo

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Antioquia, ubicada en el corredor que va desde el Nudo de Paramillo hasta el Golfo de Urabá, denuncia que militares de la Brigada XVII del Ejército articulados con narcoparamilitares y un contratista de la Alcaldía de Apartadó, ejecutan un plan para crear montajes judiciales contra sus integrantes acusándolos de pertenecer a las guerrillas.

La comunidad indígena Río León ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia, denunció que el 23 de septiembre fueron intimidados y sus autoridades Franio Dominicó Bailarin y Dislon Arbey Borja Roldan están amenazados de muerte por liderar la restitución de tierras en Urabá. 

Rodolfo Galvis lidera procesos de restitución de tierras, en la Cooperativa Agroindustrial Semilleros de Paz de Colombia y de Diálogos de Convivencia por la Paz, fue reportado como desaparecido después que el 10 de septiembre participara en una reunión con líderes sociales de las veredas La Silla y Petrólea del corregimiento Campo Dos de Tibú, Norte de Santander, él había recibido amenazas de muerte y la Unidad Nacional de Protección le asignó un esquema de seguridad, que el día de su desaparición no lo acompañaba.

En el corregimiento Llorente en Tumaco, Nariño, el 25 de septiembre perpetraron una masacre que dejó cinco víctimas fatales entre ellas una menor de 15 años.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) denunció el 23 de septiembre amenazas de muerte contra Rosario Montoya Secretaria técnica y vocera del Capítulo Atlántico del Movice, Deivis Flores abogado defensor de DDHH y vocero nacional de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu), María Cedeño funcionaria de la seccional Atlántico del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Cspp) y contra los voceros y defensores de DDHH de la seccional del departamento de Tolima.

En el municipio de Campoalegre, Huila el 26 de septiembre perpetraron una masacre que dejó como víctimas a Luis Ángel Gómez Enríquez de 27 años, Maricel Nieves Enríquez, de 51, y Juan David Castro Lavao de 22 años.

Jimmy Alexander Moreno vocero y dirigente nacional del Congreso de los Pueblos, de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular y del Comité Nacional de Paro, el 28 de septiembre fue capturado en Popayán como parte de la persecución y montajes judiciales de los que vienen siendo víctimas defensores de DDHH y líderes sociales.

En las manifestaciones del 28 de septiembre organizaciones defensoras de DDHH reportan que un manifestante recibió lesiones oculares graves en la localidad de Usme, más de 270 fueron heridos en el Portal de la Resistencia en Kennedy, además de detenciones arbitrarias y casos de tortura entre en los que hay menores de edad en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Cali.

Henry Perea Montaño hacía parte del Consejo Comunitario Afromayo, fue asesinado por narcoparamilitares el 29 de septiembre en la vereda La Patagonia de la inspección de Piñuña Negro de Leguízamo, Putumayo.

El 30 de septiembre en la ciudad de Popayán en el campamento humanitario de la organización Tejido Popular, el Esmad arremetió de manera desproporcionada con el uso del lanzagranadas Venom dejando tres personas heridas de gravedad y un menor en crisis convulsivas.

Erley Osorio Arias era afiliado a la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) e hijo del Presidente de la Federación y de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Mina Gallo municipio de Morales; fue secuestrado por narcoparamilitares el 26 de septiembre en la vereda Ahuyamas en Montecristo, Bolívar, su cuerpo sin vida fue encontrado el 30 de septiembre por una comisión de búsqueda organizada por la comunidad, ante la negligencia de las autoridades locales de Montecristo.

Jaime Cuadrado era militante del Partido de izquierda Unión Patriótica, trabajaba por los adultos mayores y campesinos en la localidad de Usme en Bogotá, fue reportado como desaparecido y su cuerpo sin vida fue encontrado el 30 de septiembre en esa localidad. 

Apolinar Rivero era expresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la comunidad de Lorencito, fue asesinado el 30 de septiembre en la inspección de Piñuña Negro, Leguízamo, Putumayo.

Jhon Alberto Pascal Pascal era coordinador de la Guardia Indígena del Resguardo Awá El Gran Sábalo, comunidad Panelero en Tumaco, Nariño, murió el 30 de septiembre al pisar una mina antipersona cuando se dirigía hacia el corregimiento La Guacamaya. 

Diego Andrés Camacho Trejos era docente en la sede El Paraíso de la Institución Educativa El Rubí del corregimiento de Bilbao en Planadas, Tolima, pertenecía al Sindicato de Maestros del Tolima (Simatol), fue asesinado el 30 de septiembre cuando se dirigía al trabajo.

Oveimar Tenorio es Coordinador de la Guardia Indígena de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), sufrió el Primero de octubre un ataque con arma de fuego en el resguardo San Francisco de Santander de Quilichao, Cauca. 

La Fundación Sumapaz informó de la perpetración de una masacre con el saldo de cuatro víctimas fatales el Primero de octubre en el municipio de Anorí, Antioquia

Ildo Gutiérrez Gómez era afiliado a la JAC de la vereda Mirolindo, del Comité del peaje para arreglos de la vía Argelia – Plateado y del Comité de deportes, fue asesinado el 2 de octubre en Argelia, Cauca.

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[1] Tercer Informe a la CPI sobre protesta en Colombia. A defender la libertad, 28-9-2021.

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