CIEN DÍAS NO TAN HUMANITARIOS

CIEN DÍAS NO TAN HUMANITARIOS

Himelda Ascanio

Uno de los compromisos del actual Gobierno es la protección de la vida, las comunidades, los líderes y su permanencia en los territorios; los primeros cien días del Gobierno muestran un oscuro panorama de persistencia de la grave crisis humanitaria gestada por décadas de Conflicto Armado. 

Desde el 7 de agosto el régimen ha asesinado a 65 dirigentes populares y 5 excombatientes,  perpetrado 23 masacres que dejan 92 víctimas fatales; el 58 por ciento de los líderes asesinados eran indígenas (13) y comunales (25) y los departamentos más afectados son Antioquia, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Norte de Santander según el Banco de Datos de la revista Insurrección.

En cuanto al desplazamiento forzado las comunidades, mantienen bajo zozobra por el control narcoparamilitar hecho en colusión con las Fuerzas Armadas (FFAA); también continúa la represión de la policía militarizada del Esmad, más visible en las manifestaciones populares que exigen la libertad de las personas víctimas de montajes judiciales durante el Estallido Social y en rechazo de los abusos y acosos sexuales contra las mujeres.

La culebra se mata por la cabeza’

La oligarquía de esencia genocida tiene bajo su poder el modelo económico extractivista protegido por la doctrina de seguridad que trata a los Defensores de Derechos Humanos y líderes sociales  como el Enemigo Interno, decisión que perpetúa el exterminio al movimiento popular, lo que exige al nuevo Gobierno actuar ante amenazas como:

1) Las FFAA continúan ejecutando acciones encubiertas por medio de las bandas narcoparamilitares y prosiguen con el tráfico de armas que roban de los Cuarteles principalmente en Caquetá, Meta, Putumayo, Tolima, Cesar y Cundinamarca, según el Fiscal 11 de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales [1].

2) Las más de 4.971.000 de armas en manos de civiles registradas en 2017 por el Informe Small Arm Survey de las cuales 4.264.790 son ilegales y solo 706.210 (14 por ciento) contaban con algún tipo de registro, arsenal que supera las 633.689 armas dotadas a las FFAA [2]. El Gobierno de Duque entregó 35 Galil Ace, armamento de guerra de uso privativo de la FFAA a militantes del partido de extrema derecha Centro Democrático [3]. Además, las empresas de Seguridad Privada crecieron de 548 en 2006 a 854 en 2017 y el 70 por ciento utilizan armas de fuego con mínimos requisitos para la venta y tenencia [4].

3) Desde el Centro Democrático organizan insidiosos planes de Golpe de Estado convocando a generales y demás oficiales, suboficiales, policías y soldados retirados, de la reserva activa para que conformen un “Frente de batalla por la democracia” y desde la Federación de Ganaderos se proponen reorganizar los “Grupos de acción solidaria”, lo que serían las Convivir 2.0 [5].

Los perseguidos y ejecutados de esta semana

Carlitos Uragama Cano y Francisco Sarco Pipicay eran miembros de la Guardia Indígena de la comunidad Emberá Playa Bonita e integraban la Asociación de Víctimas Indígenas del Chocó, ya que habían sido desplazados de su Resguardo por narcoparamilitares del Clan del Golfo, fueron asesinados el 11 de noviembre en Quibdó, Chocó.

Carlos Andrés Posada 37 años de edad, era líder comunal de la vereda Mandarinos, siendo Presidente de la Junta de Acción Comunal lideró el retorno de las 4.000 personas que hicieron un desplazamiento masivo de la zona rural de Ituango a la zona de Urabá en julio de 2021, a causa de las amenazas de narcoparamilitares, posteriormente tuvo que renunciar al cargo por amenazas de muerte en su contra, fue asesinado el 14 de noviembre en Mandarinos, Ituango, Antioquia.

Mario Oscar Solarte, era Presidente de la Subdirectiva de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava) lideraba procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y programas productivos para los campesinos, fue asesinado el 17 de noviembre en Buenaventura, Valle del Cauca.

Jhony Rodríguez y Querubín Mendoza, eran líderes comunales de las veredas Caño Moscú y Caño Mosco de San José del Guaviare, el 23 de octubre fueron desaparecidos y asesinados el 18 de noviembre en zona rural de San José.

Juan Alberto Guejia Peteche, era autoridad ancestral del Resguardo Indígena Nasa de Pitayó, el 15 de noviembre fue secuestrado junto a su esposa, un hijo de 16 años y una nieta de 7 años, el 18 de noviembre encontraron los cuerpos del líder y su esposa en el Páramo entre Silvia y Mosoco en Cauca.

Alberto Quina, era Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Diana, fue una de las tres víctimas que dejó la masacre perpetrada el 20 de noviembre en la Palma de Chaux en Cajibío, Cauca.

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[1] Así operan los militares corruptos que venden armas y datos a bandas criminales. El Tiempo, 06-11-2022.

[2-4] Informe: Mercado de Armas. Ideas para la Paz, 2017.

[3] El Gobierno fabrica armas de guerra para Abelardo de la Espriella, dos viceministros, el presidente de Fenalco y el director administrativo judicial de Santa Marta. La Nueva Prensa, 22-01-2022.

[5] ¿Golpe de Estado? Ernesto Macías pidió a la Fuerza Pública “salvar a Colombia”. El Colombiano, 12-09-2022.

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