El pasado 14 de noviembre se produjo la Sentencia de la Corte Constitucional que declara exequible el Acto Legislativo o la reforma que incrusta en el tronco de la JEP.
[Camila Pérez]
Una de las cuestiones más complejas que tiende a convertirse en asunto central de la política colombiana en este período histórico, o sea más allá de la coyuntura inmediata de unos acuerdos de paz y su truncado desarrollo, es la relativa a la justicia de transición o Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), adoptada en el proceso de negociación política del conflicto armado entre el régimen dominante y las Farc. Dadas sus características, algunos han planteado que se trata más de una justicia transaccional, por quienes la pactaron, sin participación social; como la hicieron y por los beneficiarios prioritarios de la misma.
Sobre ese eje implantado en la dinámica de reinstitucionalización, el pasado 14 de noviembre se produjo la Sentencia de la Corte Constitucional que declara exequible el Acto Legislativo o la reforma que incrusta en el tronco del ordenamiento constitucional dicha Justicia Especial. El dirigente de las Farc, Jesús Santrich, ha calificado esta Sentencia, como “el inicio del fin de la paz”.
Sobre sus alcances y falencias muchos han sido los pronunciamientos de centenares de expertos y entidades, que han señalado un contraste con lo que se denomina estándares internacionales de justicia y derechos humanos, indicando por ejemplo que la Corte Penal Internacional podría conocer de casos frente a los cuales la JEP no dará respuesta justa y adecuada. Por supuesto hay que escuchar también las posiciones de grupos de víctimas y de diversos sectores populares en resistencia que por diferentes razones sólo hasta ahora han tomado en cuenta la necesidad de un estudio concienzudo y objetivo de esa jurisdicción, que se nos vendió como solución, constituyendo en realidad cada día un gravísimo problema.
Dos días después del fallo, la organización política derivada de las Farc, expidió un comunicado en el que lo saluda pero advierte que se generan “consecuencias adversas para la paz”, como concebir que es para ser aplicada a quienes integraron las Farc y no a otros actores, en este caso del régimen, pues quedan liberados “los agentes del Estado civiles” a los que llama “una privilegiada casta de intocables”. Aseguran que “se estimuló el régimen de impunidad” y “se desprecia a las víctimas”, y que no se contribuye en absoluto al esclarecimiento de la verdad, entre otras quejas.
Otra frustración: el blindaje de los de arriba
Ciertamente, y más que dichos reclamos de una de las partes negociadoras, las nuevas realidades demuestran con mayor claridad que la JEP y el sistema al que fue articulada, frustra expectativas legítimas de miles y miles de víctimas del terrorismo de Estado, y burla aspiraciones razonables de la sociedad que busca transformaciones efectivas, pues en la medida en que se consolida un nuevo aparataje sometido a la inercia dominante, se torna por lo mismo más funcional al statu quo y a sus objetivos estratégicos que nos recuerdan el gatopardismo: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”; “¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos, y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado” (del libro “El gatopardo”, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa [1896-1957]).
En ese panorama lo que estaba advertido ha sucedido, ratificado por una Corte Constitucional que también es expresión de unas finalidades de blindaje de las elites, pues ese tribunal ha decidido que los empresarios vinculados a la guerra sucia, los para-empresarios por ejemplo, pueden no ser llamados a responder por sus acciones de asociación criminal, sino sólo concurrir a la JEP según su libre elección, cuando quieran o les convenga en caso de que los mecanismos de la justicia ordinaria a su medida les fallaran en su propósito de total encubrimiento. O sea como manifestación pura de lo que representan: la selección de un sistema de segregación que confiere a unos puñados de ricos todos los derechos y diferentes menús, y a millones de colombianas y colombianos los restos. Ya Tucídides, el historiador y general griego, decía relatando la Guerra del Peloponeso (431-411 a.C.): “Ustedes saben tan bien como nosotros que el derecho, como suele decirse, sólo se discute entre quienes tienen el mismo poder: mientras que el fuerte hace lo que puede y el débil sufre lo que debe”.
El 20 de julio de 2017, uno de los más comprometidos y acuciosos estudiosos de la realidad colombiana, el defensor de derechos humanos, padre Javier Giraldo, analizó este tema dentro de un visión crítica de lo pactado en La Habana. Nos recordó lo siguiente:
“El 30 de agosto de 2016 el Presidente Santos asistió al Congreso de Analdex, acompañado de su Canciller, del Alto Comisionado de Paz y del militar negociador plenipotenciario del Gobierno en La Habana, ex General Jorge Enrique Mora Rangel. Su mensaje a los empresarios fue una fórmula de evasión a la justicia, entusiasmadamente acogida: alegando extorsión podrán limpiar su nombre ante la Justicia Transicional. Les insistió en que la Justicia Especial para la Paz será una oportunidad para que los empresarios que han sido víctimas de extorsión limpien su nombre” (http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article264).
En dicho análisis se remonta Giraldo a la fórmula inicial, a lo que se fue construyendo en Cuba hacia mitad del 2015, y que nos sirve para una reflexión general sobre cómo lo que mal comienza, está en la tendencia de que mal acabe: “(se) propuso una fórmula que tuvo aceptación casi inmediata de ambas Partes, pues ofrecía impunidad simétrica para insurgentes y agentes del Estado recurriendo a parámetros de justicia transicional, pero además resolvía el problema de la ilegitimidad del aparato judicial colombiano creando una Jurisdicción Especial…”. Señala cómo se produjo un cierto pánico de la élite en el poder “compuesta por grandes empresarios, funcionarios, militares, agentes de seguridad y ex presidentes”, que desarrollaron estrategias tranquilizantes para salvarles, para que nada de lo pactado afecte su lógica de violencia e impunidad.
Era 2015, cuando se vislumbró esa propensión de un sistema de justicia negociado, que, esgrimiendo el compromiso con las víctimas, como supuesto centro de la solución política, vendió además que a la amnistía e indulto a los guerrilleros de las FARC, debía compensarse al otro lado, con medidas equivalentes dirigidas como beneficios a quienes combatieron la subversión.
Dichas estrategias tranquilizadoras y reaseguradoras de las posiciones de las elites en el poder, fueron diversas y constituyeron una cadena secuencial y consecuencial, de tal modo que, como lo afirma el jesuita Giraldo, cuando se firmaron los Acuerdos de La Habana “ya se habían incluido principios muy claros de impunidad para la élite en el poder”. Pasó en las sucesivas ceremonias de agosto, de septiembre y de noviembre de 2016, cada vez que concurrieron las partes a celebrar lo pactado; y han venido acentuándose esas estrategias de impunidad en absolutamente todos y cada uno de los pasos de confección y concreción jurídico – política de esa jurisdicción especial que se pensó fuera imparcial y por fuera de la que Giraldo llama acertadamente “putrefacta justicia colombiana”, pero que al final, por la lógica y la formalidad de un Estado que se presume “de Derecho”, terminó siendo no un ensayo alternativo y eficaz frente a la impunidad de los sectores en el poder, sino una refinada maquinaria anidada y manejada en colusión con los de arriba, que apunta a estar al servicio de sus intereses históricos.
Lecciones a la vista
Un repaso de los once títulos que desarrolló el padre Javier Giraldo en el texto aludido, y que hoy recobran validez por su argumentación, nos señalan las materias que como Ejército de Liberación Nacional seguiremos discerniendo para aprender de lecciones a la vista, dadas por la realidad sistémica de la inmunidad e impunidad de los las elites:
* Priorización y selección de casos dejando por fuera a miles de hechos y de víctimas;
* confusión deliberada de víctimas del genocidio, de los crímenes de Estado y de lesa humanidad, como si fueran víctimas del conflicto armado;
* aceptación y legalización de una simetría ilegítima (homologación de responsabilidades de los criminales mandados por el Régimen con las de los rebeldes);
* extirpación del tímido ensayo de jurisdicción universal, o sea la frustración del derecho penal internacional más progresista;
* la desaparición de las responsabilidades de los mandos;
* el refinamiento unilateral de la impunidad de agentes del Estado;
* la absolución anticipada de los máximos responsables;
* la esfumación de la centralidad de las víctimas;
* la ya mencionada absolución del empresariado criminal;
* la anulación de los crímenes de lesa humanidad y de las prácticas de genocidio;
* la evasiva radical a las garantías de no repetición (véase lo que está pasando en campañas de asesinatos de líderes y activistas sociales comprometidos en procesos populares) .
Del escrito del padre Giraldo, que continuaremos estudiando y de observaciones como las de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que ha llamado ambigua y errada a gran parte de lo estructura de la JEP, o de informes de Amnistía Internacional y otra entidades nacionales y extranjeras, tenemos un abanico de temas descritos que deben ser sopesados racionalmente a la luz no sólo de los normas urdidas sino de la experiencia específica que se va arrojando, como es la exoneración y libertad ya conquistada de grandes genocidas o responsables de crímenes de lesa humanidad.
Mientras combatientes de las Farc continúan presos por infracciones penales conexas a la rebelión, Rito Alejo del Río y otros ex militares pasean con tranquilidad por el país. Éste al menos tuvo restricciones temporales a su libertad por espantosos hechos que cometió, pero cientos y cientos de empresarios, bajo ese sistema, nunca serán siquiera señalados por sus responsabilidades. Tomamos nota de estos caminos y de esta ciénaga, reafirmando el compromiso básico para una justicia y paz transformadoras: “Verdad toda, verdad todos”.
