Himelda Ascanio
Nuevos Informes y Declaraciones denuncian el exterminio de opositores políticos y líderes sociales por parte de la máquina de terror de Estado, que opera con un brazo en las Fuerzas Armadas (FFAA) y otro en el narcoparamilitarismo.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad acaba de recibir el Informe “El enemigo interno: la deshumanización e impunidad contra personas defensoras de Derechos Humanos”, donde se documentan seis casos de graves de crímenes de Estado en los asesinatos de Luis Felipe Vélez Herrera (1987), Mario Calderón Villegas y Elsa Constanza Alvarado Chacón, Carlos Alvarado Pantoja (1997), Jesús María Valle Jaramillo (1998) y Jaime Hernando Garzón Forero (1999); donde afirman que:
“Existen elementos comunes en los seis casos, el propósito era desarticular o afectar los procesos sociales (…), hubo perfilamientos, persecuciones y hostigamientos cuya fuente eran los aparatos de inteligencia estatal y los destinatarios eran otros agentes estatales o paramilitares, además, hubo mecanismos de impunidad precedidos por una larga inactividad de la Fiscalía” [1]; modalidad operativa típica del terrorismo de Estado.
El Informe también denuncia la desaparición forzada de los integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), Alirio de Jesús Pedraza Becerra (1990) y de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa (2000).
Rechazo internacional al Genocidio político
Alejandro Valencia integrante de la Comisión de la Verdad en una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que “instituciones como las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y Medicina Legal, se niegan a entregar documentos de operaciones militares donde han afectado a la población civil” [2].
Por su parte la Cámara de los Lores del Parlamento Británico cuestionó la actitud del Gobierno de Iván Duque de atacar el Proceso de Paz, rechaza el montaje del ex Fiscal Néstor Humberto Martínez y la DEA para judicializar a Santrich, los ataques a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los asesinatos de líderes sociales, ex combatientes y las masacres [3].
Igualmente, varios intelectuales latinoamericanos mediante una carta a Antonio Guterres Secretario General de la ONU, expresaron su preocupación por la escalada de la violencia y lo exhortaron a no permanecer impasible ante estos hechos [4].
El Congresista John Cárdenas también denunció un pacto de no agresión entre las FFAAA y las bandas narcoparamilitares en el Cauca, afirmó que “esta es la vieja estrategia de las Autodefensas Unidas de Colombia, y esa estrategia la están replicando” [5].
Amenazados, asesinados y rematados
Isabel Cristina Zuleta denunció amenazas de muerte contra los integrantes del Movimiento Ríos Vivos, en los municipios de Valdivia, Tarazá, Nechí y Cáceres, quienes constantemente han denunciado las más de 2.094 desapariciones forzadas perpetradas en el área de Hidroituango.
Julio Velásquez Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento de Paso Cusiana en Tauramena, Casanare, fue asesinado el 7 de diciembre en su vivienda ubicada en El Venado.
Elkin David Martelo Chacón de 25 años, era líder de la comunidad LGBTI y pertenecía a la Mesa Diversa, fue asesinado el 8 de diciembre en su residencia del barrio La Vega en El Bagre, Antioquia.
Freddy Agustín Barragán era jurista del Equipo de la Defensoría del Pueblo en Cúcuta, fue asesinado el 9 de diciembre en el sector Puente Barco en Cúcuta, Norte de Santander.
Rubiel Vargas es el Secretario Ejecutivo del Comité Permanente para los Derechos Humanos (CPDH), el 10 de diciembre fue víctima de un atentado en Bogotá.
El ex combatiente Fernando Heredia Ruiz fue asesinado el 10 de diciembre en la masacre perpetrada en La Y de la vereda Gualandayes en San José del Guaviare, en la que también asesinaron a 2 personas más.
En la vereda Bamba Arriba en El Bagre, Antioquia, el 11 de diciembre perpetraron una masacre que dejó cuatro víctimas fatales, aún sin identificar.
Elizabeth Betancur García de 25 años, era la coordinadora de Capacitación Comunal del Capítulo Yolombó de la Red Nacional de Mujeres Comunales de Colombia, fue asesinada el 11 de diciembre en la vereda Las Margaritas de Yolombó, Antioquia.
En el corregimiento Cuturú en Caucasia, Antioquia, el 13 de diciembre perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales y 5 heridos, aún sin identificar.
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[1] El “Enemigo Interno”: deshumanización e impunidad contra personas defensoras de Derechos Humanos. CINEP, 10-12-2020.[2] La molestia del Gobierno con la CIDH por peticiones de la Comisión de la Verdad. El Espectador, 9-12-2020.[3] Críticas desde el Parlamento Británico al Gobierno colombiano y al ex Fiscal Martínez por “atacar a la JEP”. El Espectador, 7-12-2020.<