«Estaba este sistema quebrado. Tenía unas falencias estructurales que lo hacían inviable. Se lo habían robado los paramilitares durante mucho tiempo en las regiones, era un sistema realmente colapsado».
Están frescas las palabras del Presidente Santos, dichas el pasado 29 de julio, durante la Rendición de cuentas sobre el sector salud:
«Estaba este sistema quebrado. Tenía unas falencias estructurales que lo hacían inviable. Se lo habían robado los paramilitares durante mucho tiempo en las regiones, era un sistema realmente colapsado».
Apenas 4 meses después de esta Rendición de cuentas, el gobierno debe reconocer que Saludcoop, la más grande empresa privada encargada de prestar salud pública, se encuentra colapsada, a causa de un desfalco o “desvío de fondos”, por 1,4 billones de pesos.
Al parecer, esta vez el robo no fue en las regiones, sino en Bogotá, porque todo el sistema de salud está corrompido.
¿La Fiscalía General va a investigar este ilícito? O el Fiscal general Montealegre, ¿se va a declarar impedido para hacer esta investigación, dado que cobró costosos contratos de asesoría a Carlos G. Palacino, uno de los empresarios dueños de Saludcoop?
La tragedia la pagan los colombianos, porque 4.6 millones de usuarios de Saludcoop, fueron trasladados, tras su liquidación, a la entidad prestadora de salud Cafesalud. Lo preocupante es que el tránsito de pacientes no sólo se hace sin contar con las condiciones necesarias para tal propósito, sino que la entidad destinataria pertenece al mismo grupo de la empresa recién liquidada.
Saludcoop había adquirido 28 clínicas por 109 mil millones de pesos, una sucursal en México, e invertido 800 mil dólares en Ecuador. Pero es, mediante una negociación con otra entidad, Cruz Blanca, que consigue comprar a Cafesalud; es decir, que ambas entidades tienen la misma historia. No es de extrañar, pese a las declaraciones del Ministro de Salud, que Cafesalud vaya a ser intervenida, porque la entidad adolece de los mismos males de la disuelta Saludcoop.
El descaro e indolencia del gobierno es tanta, que nombró a Guillermo Grosso como gerente de Cafesalud, a pesar que éste tiene en su contra investigaciones de la Contraloría, por detrimento patrimonial, mientras actuó como interventor de la liquidada Saludcoop.
Como era de esperarse, las manifestaciones de los pacientes se han hecho presentes. A los largo del país, se realizan reclamaciones por atención médica oportuna y se tramitan Acciones de tutela para tal fin; a lo que hay que agregar la inconformidad por el alto precio de los medicamentos y procedimientos, con lo cual queda expuesta, una vez más, la dramática condición a la que es sometida la vida de los colombianos; mientras se enriquece a particulares y empresas privadas con los dineros de la salud pública.
Cafesalud no podrá, siquiera, hacer uso de la infraestructura de la disuelta entidad, pues ésta será vendida para subsanar las deudas que deja la liquidación; a lo cual se suma el hecho de que la Red Pública de Salud se vio afectada por la entidad, en cuanto Saludcoop condujo al cierre de varios hospitales públicos, contratados para cubrir las exigencias de su alto número de afiliados.
En igual dirección, el traspaso de los funcionarios, especialistas y trabajadores de la liquidada Saludcoop, que también se efectuó a la par con los usuarios, desde el pasado primero de diciembre, se realizó abruptamente, además de las exigencias por mejores condiciones laborales. «A los especialistas les deben el 30 por ciento de sus salarios de los últimos dos o tres meses», denunció a una cadena radial, Héctor Alirio Toloza, directivo del sindicato de trabajadores de Saludcoop.
El caso de Saludcoop no es extraño en un país cuyos gobernantes han visto la salud como una fuente de lucro fácil, en lugar de verlo como una necesidad vital y un derecho fundamental. En Colombia tiene más importancia el negocio y la ganancia rápida, que el bienestar de los pacientes y enfermos; aun cuando la salud la paga la población.
El negocio está organizado para que las clínicas privadas no presten el servicio, pero cobren a la Empresa Prestadora de Salud (EPS) y ésta le cobre al Estado. Ganancia fácil a costas del bienestar de la población. Los pacientes son remitidos de una entidad a otra (“paseo de la muerte”) y quienes sobreviven finalmente llegan a los hospitales públicos, que se encuentran sobresaturados, sin dotaciones ni recursos del Estado y con una abultada deuda de las EPS, que los tiene en la quiebra.
Dice el refrán, que “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, ni médico que lo asista”, por lo que está por verse, hasta cuándo estallará la indignación de los colombianos, a quienes una y muchas veces les roban el sistema de salud pública y les vulneran su bienestar hasta la iniquidad.
