RETIRADOS DEL SERVICIO, NO DE LA CORRUPCIÓN
Sergio Torres
En las Fuerzas Armadas (FFAA) hay corrupción en los ascensos y promociones, desfalcos y otras conductas delictivas. Recientemente se conoció un caso dentro de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (FFMM) donde se efectuó un detrimento de medio billón de Pesos.
Decir que la corrupción es un mal que ha infectado todas las entidades del Estado, es llover sobre mojado, sin embargo, el viejo régimen sigue ejerciendo su poder corrupto convirtiendo al Estado en fuente de lucros individuales, por lo que todo el establecimiento está engranado en un sistema de robo continuado y desfalco de los recursos públicos.
En dicho engranaje cleptocrático cada estamento e institución ocupa su lugar, de acuerdo a ello van tipificando sus prácticas en función de los intereses y dinámicas de ejecución dentro de las ramas del Estado. En el caso de las FFAA las practicas delincuenciales están normalmente asociadas a la compra en dinero o en especie, ascensos, abusos de autoridad de todo tipo, delitos sexuales, narcotráfico y asesinato. Una amplia gama de posibilidades para las “manzanas podridas”; sin embargo, también hacen parte de las prácticas de corrupción los grandes robos en la contratación y los desfalcos de sus propias dependencias.
A principios de año 2023 se conoció el caso en el que toda una línea de mando quedó involucrada en el robo de un contrato de 34.800 millones de pesos, que estaban destinados para la construcción de un hospital militar, que nunca existió. El contrato estaba firmado en diciembre de 2013 entre el Ejército y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares adscrita al Ministerio de Defensa, 9 años después ningún alto mando militar preguntó por el hospital, ni por la plata.
Recientemente se conoció un nuevo caso con características similares, pero un monto mucho mayor. En este nuevo robo a la Caja de Retiro de las FFMM (Cremil), consiste en un supuesto negocio en 2015 por aproximadamente 250.000 millones, correspondientes a la transferencia de derechos de propiedad de 14 lotes ubicados en Bogotá y donde se construirían oficinas que serían entregadas en 2019. El valor estimado actual del terreno es de 543.000 millones de pesos, que sería el valor real del detrimento ya que nunca se construyeron las oficinas y el dinero correspondiente nunca ingresó al Cremil.
Este se constituye en uno de los robos patrimoniales más grandes al interior de las FFAA pues se plantea que el daño total cuantificable es de 577.000 millones de Pesos. es decir, del fondo de los militares retirados se perdieron medio billón de Pesos.
Luis Eduardo Parra Contralor Delegado para el sector Defensa, manifestó a los medios que: “es un negocio jurídico mal hecho cuando se transfirieron los derechos reales de propiedad de los 14 lotes sin una garantía real o personal que compensara el riesgo de incumplimiento por parte del fidecomiso. En suma, Cremil transfirió el derecho de dominio a cambio de una mera expectativa… todos los anteriores administradores de Cremil estarían implicados”.
Casos como este, asociados a las múltiples acusaciones hechas por comunidades y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, dejan ver con claridad el nivel de degradación existente en el aparato militar colombiano y la urgente necesidad de cambios al interior. El debate sobre el armamentismo, el narcotráfico y la corrupción debe extenderse a las FFAA, debe implicar el cambio de Doctrina de Seguridad y la implementación de códigos, valores y principios radicalmente distintos. Ya no tiene ningún sentido aquel sonsonete de ser “solo unas manzanas podridas”, es más que claro que las Fuerzas Militares del Estado son uno de los focos de corrupción más grandes.