EXTERMINIO A SANGRE Y FUEGO

Himelda Ascanio

El sistemático exterminio que sufren los líderes sociales, aunado al discurso negacionista del Conflicto Interno que impone el Gobierno, hacen de Colombia un territorio hostil para quienes ejercen el liderazgo de los procesos sociales.

En Colombia ser líder social, ex combatiente o ejercer cualquier rol que signifique la organización de las comunidades y la defensa del territorio, se puede considerar una labor de alto riesgo y este peligro se aumenta si pertenecen a una minoría étnica o si es mujer.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) desde el 2016 han asesinado más de 1.145 líderes sociales de los cuales el 19,7 por ciento son mujeres, solo en lo corrido de este año han asesinado 10 ex combatientes y 29 líderes sociales de los cuales 5 eran mujeres [1].

Uno de los casos más impactantes fue el de María del Pilar Hurtado, quien fue asesinada en la calle frente a su pequeño hijo, el 22 de junio de 2019 en Tierralta, Córdoba; otro impactante caso fue el asesinato de Cristina Bautista Gobernadora indígena del Resguardo de Tacueyó, Cauca, el 29 de octubre de 2019, quien semanas antes de morir dijo: “Si nos quedamos callados nos matan y si hablamos también, entonces hablamos” [2].

Otras cientos de lideresas han sufrido amenazas e intentos de homicidio, una de ellas Francia Márquez líder del Proceso de Comunidades Negras quien afirma que “la paz no se va a lograr si los conflictos socioambientales no se resuelven, si siguen vendiendo el país a la minería y violentando los derechos de las comunidades” [3].

Día de la Dignidad de las víctimas

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) representa a 83.000 víctimas de desaparición forzada, 6.433.115 de desplazamiento forzado, 6.590 de detenciones arbitrarias entre 2002 y 2004, 180.290 asesinatos selectivos, 4.279 masacres que dejaron 24.837 personas asesinadas, 1.834 de tortura, 6.201 del Genocidio de la Unión Patriótica, 529 del movimiento A Luchar y las más de 10.000 de los casos de ejecuciones de civiles por parte de agentes estatales [4].

El 6 de marzo Día de las Víctimas de Crímenes de Estado realizaron diferentes movilizaciones a nivel nacional para rechazar el encubrimiento por parte de la Fiscalía a los determinadores de la orden del Genocidio político continuado, así como la obstaculización por parte del Fondo de Defensa Estratégica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec) para que los militares reconozcan la verdad. 

Movice solicitó a los organismos internacionales verificar las continuadas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por los agentes estatales, así como la intervención de las Cortes Internacionales para que los máximos responsables sean juzgados. 

Violencia sistemática no cesa

La comunidad de Playa Bonita corregimiento de Salaquí en Riosucio, Chocó, denunció que el 28 de febrero en operativos de erradicación forzada el Ejército asesinó a un campesino e hirió a cinco entre ellos dos mujeres.

Jaime Basilio líder indígena se desempeñaba como Alguacil Primero del Cabildo del corregimiento Libertad, fue asesinado el Primero de marzo en San Onofre, Sucre. 

Jorge Montes Hernández Coordinador del Proceso Pacífico de Reconciliación e Integración de la Alta Montaña del Carmen de Bolívar, denunció que el campesino Orlando Mesa Fernández de 82 años, fue víctima de ejecución por tropas de la Primera Brigada de Infantería de Marina en un bombardeo el 2 de marzo en el corregimiento de Huamanga de San Jacinto, Bolívar.

Monseñor Rubén Darío Jaramillo Obispo de Buenaventura denuncia la desprotección estatal, los desplazamientos forzados, el reclutamiento de menores, las amenazas y las extorsiones por parte de narcoparamilitares quienes ejercen control en el principal puerto de Colombia, en colusión con la Policía y el Ejército; por estas denuncias fue amenazado de muerte el 3 de marzo.

Ricardo González Chirimía líder indígena del Cabildo Wounan Phobur del corregimiento de Córdoba, en la vía de Cali a Buenaventura, Valle del Cauca, es directivo de la Red Comunidades Construyendo Paz en Colombia (Conpaz), denunció amenazas de muerte; este líder indígena y su comunidad son víctimas de desplazamiento forzado por la incursión paramilitar en el Bajo Calima en el año 2003.

Argemiro Lara líder campesino de restitución de tierras de la finca La Europa, ubicada en Montes de María zona rural de Ovejas, Sucre, denunció el 3 de marzo amenazas de muerte por narcoparamilitares; los campesinos denuncian que la empresa antioqueña Arepas Don Juancho apareció en 2008 con las escrituras de los predios que habían sido adjudicados a los campesinos desde 1969.

Carmen Ofelia Cumbalaza era líder indígena del Resguardo Gran Cumbal y primera mujer precandidata al Concejo Municipal por la Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), fue asesinada el 3 de marzo en la vereda Tasmag, sector La Laguna en Cumbal, Nariño.

El 6 de marzo en la vereda Oropoma en Ábrego, Norte de Santander, sicarios irrumpieron en una cafetería y perpetraron una masacre en la que asesinaron a José Luis Vega, Wiston Prada, Himer Ortiz, Jesús Alberto Vega y Robison Barbosa; y dejaron heridos a Diego Andrés Ortiz, José Julián Jiménez, Daivy Sarabia, Juan Carlos Vega y Cristian Camilo, cuyas edades oscilan entre los 20 y 23 años. 

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[1] Asesinato de líderes sociales, defensores de DDHH y firmantes de Acuerdo de Paz. Indepaz, 6-03-2021.

[2] Matanza de indígenas en Colombia, el fuego que Duque no logra apagar. El País, 19-11-2019.

[3] Francia Márquez: somos parte de la naturaleza, no sus dueños. El periódico, 20-10-2018.

[4] 6 de marzo: somos miles y miles de víctimas de crímenes de Estado ¿quién dio la orden? Movice, 6-03-2021.