LA ECONOMÍA EXTRACTIVA SÍ MATA
Himelda Ascanio
Empresarios y terratenientes en colusión con empresas multinacionales persiguen y eliminan a las comunidades y Defensores de Derechos Humanos (DDH) que defienden la vida y el territorio, al clasificarlos como un obstáculo a sus megaproyectos petroleros, mineros, agronegocios, entre otros.
El Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) presentó el Balance del primer semestre de este año sobre la crisis de Derechos Humanos (DDHH) en Colombia, donde documentó 480 casos que involucran 983 violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, de ellas 276 violaciones fueron por persecución política: 86 líderes asesinados, 45 ejecuciones sumarias, 8 atentados contra líderes y 2 contra organizaciones DDH, junto a 308 amenazas de muerte, 10 actos contra la protesta social, 6 casos de tortura, 6 desapariciones forzadas, 33 criminalizaciones a líderes y defensores de DDHH, 66 detenciones arbitrarias, 52 lesiones físicas, así como el asesinato de 16 excombatientes y 5 atentados [*].
Los departamentos con más casos de violencia política son el Cauca con 85, Santander 65, Valle del Cauca 44 y Bogotá D.C. 30; el 70 por ciento de las violaciones a los DDHH e infracciones al DIH las cometieron los paramilitares (206), la Policía y el Ejército (201), la Fiscalía (81), otras entidades estatales (36) y empresas multinacionales (6).
En este Balance los investigadores del Cinep profundizaron en el Genocidio Continuado que perpetran el contubernio entre el Estado, empresarios, terratenientes, Fuerzas Armadas y paramilitares contra las organizaciones campesinas, indígenas, de pescadores, sindicalistas y ambientalistas de la región Centro y Sur del departamento del Cesar, crímenes que intensificaron en los últimos 30 años cuando la élite dominante impuso el régimen económico extractivista, en contra de los planes de vida y la economía solidaria que las comunidades desarrollan.
Al Cesar lo que no es del Cesar
La región del Centro y Sur del Cesar es de gran importancia por su ubicación al margen derecho aguas abajo del río Magdalena, que conecta las regiones Magdalena Medio, Cordillera Central, Costa Caribe y la frontera con Venezuela, representa el 7,7 por ciento de exportaciones nacionales: de las cuales el 96 por ciento son de carbón y el 1,5 de aceite de palma, monocultivo que representa el 60 por ciento del área cultivada del departamento, junto a más de un millón de hectáreas de tierras destinadas a la ganadería; está interconectada por las carreteras de la Ruta del Sol, en cuya construcción han multiplicado el ecocidio y los conflictos ambientales.
En 1988 el Estado cedió a la empresa minera estadounidense Drummond 9.020 hectáreas para la explotación de carbón a cielo abierto en La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y El Paso; de una vez la empresa entregó parte de los terrenos para la construcción de una Base Militar para más de quinientos soldados, acordó con el Ministerio de Defensa un plan de cooperación y financiación para la construcción de un Cuartel de Policía de La Loma, y más de mil millones de Pesos para la construcción del Batallón de Alta Montaña en El Perijá, a la vez que empezó a financiar a las bandas narcoparamilitares que en colusión con el Estado ejecutan la persecución y eliminación de las organizaciones comunitarias que se oponen a este despojo del territorio, crímenes por los que la Drummond y Álvaro Uribe están llamados a responder ante Cortes de Colombia y EEUU.
En el periodo 1998-2005 los terratenientes Alirio Díaz, Álvaro Escobar, los Téllez y los Navarro crearon la banda narcoparamilitar H. J. Peinado con la que incrementaron las masacres en San Alberto, San Martín, Río de Oro, Aguachica, Gamarra, La Gloria, Pelaya, Chiriguaná, Curumaní y Tamalameque para impedir que los campesinos habitaran las fincas Siete de Agosto, Los Cedros, La Carolina, Tokio, La Paz, La Holanda, Candelia, Campoalegre, Buenavista, La Vega y La Granja que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) les había titulado, y simultáneamente usurpaban las ciénagas y playones para criar ganado y extender los cultivos de palma africana.
La arremetida actual
En 2021 la Agencia Nacional Minera otorgó 15 nuevos Títulos Mineros que se suman a los 195 Contratos en ejecución, de los cuales 36 son de explotación de carbón adjudicados a las empresas Drummond, Glencore, Prodeco S.A, Murray Energy, la Compañía de Carbones del Cesar, entre otras, en detrimento de derechos fundamentales como el acceso al agua, situación que se profundiza con las pretensiones de implementar proyectos pilotos de Fracking para extracción de hidrocarburos.
Para los integrantes del Comité de Acción Jurídica Popular (Cajp) que representa a las víctimas, es urgente que el Gobierno cese de imponer economías extractivas, y priorice la producción de alimentos con la que el campesinado haga uso del derecho a la tierra y así frenar las vulneraciones a los ecosistemas.
Víctimas del exterminio de esta semana
La Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) denunció el secuestro y el asesinato de los comuneros Leonicio Taicus Canticus del Resguardo Sangulpí Palmar el 14 de septiembre en el corregimiento de Llorente, Diocelino García Bisbicus del Resguardo Saundé Guigay en Tumaco el 21 de septiembre, y Arturo García del Resguardo Pulgande Tronwuería el 24 de septiembre en el corregimiento de Buenavista en Barbacoas, Nariño.
Los paramilitares asesinaron a un dirigente campesino aún sin identificar, el 23 de septiembre en San José de Apartadó, Antioquia, los hechos ocurrieron muy cerca a la estación de Policía y la Base Militar.
En la Primavera, Villa Rica, Cauca, el 24 de septiembre perpetraron la masacre de tres personas.
Daniel González Criado era líder del Comité de Trabajo de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento Campo Seis, fue asesinado el 28 de septiembre en el barrio Libertadores en Tibú, Norte de Santander.
Enrique Antonio García Vargas era sindicalista de Ecopetrol en Barrancabermeja, el 14 de septiembre fue amenazado de muerte por los paramilitares, el 16 intentaron asesinarlo y finalmente el 29 lo ejecutaron en el sector conocido como El Ancianato en Puerto Wilches, Santander.
Clemencia Arteaga era Fiscal de la JAC de la vereda Santa Rosa de Juanambú e integrante del Programa Nacional Integral para la Sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito (Pnis), fue asesinada el 30 de septiembre en el Resguardo Nasa Santa Rosa de Juanambú en Villa Garzón, Putumayo.
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[*] Revista Noche y Niebla N°65. Banco de Datos del Cinep, 14-09-2022.