LOS NEGOCIANTES DEL RÉGIMEN DE SALUD
Chavela Villamil
Una de las características del neoliberalismo es la privatización de los servicios esenciales, de esta manera libra de responsabilidades al Estado y convierten un pasivo oneroso en un activo rentable y muy lucrativo para los mega empresarios.
La Teoría de Libre Mercado la implementaron con mayor fuerza en nuestro país en la década del 90 del siglo anterior, cuando implantaron la política de Apertura Económica que dio pie a la privatización de derechos esenciales; en este contexto surgió la Ley 100 de 1993 que originó el Sistema General de Seguridad Social (Sgss), el cual abrió al libre mercado el manejo de la salud y la seguridad social, dando cabida a que las empresas privadas se apoderaran del sistema que era público hasta ese momento.
La futura Ministra de Salud Carolina Corcho recientemente afirmó que, “las IPS son las clínicas y hospitales que atienden a los pacientes, las EPS son intermediarios particulares que administran recursos públicos contratando clínicas, los primeros son insustituibles en un sistema de salud; los segundos, opcionales” [1]; lo cual reactivó el debate sobre la conveniencia de las EPS y la necesidad de reformar el sistema de salud.
Un sistema hecho a la medida de los intermediarios
La Ley 100 plantea un sistema de salud con dos regímenes paralelos, el Contributivo para los ciudadanos con capacidad de pago, y el Subsidiado para la población más excluida, ambos regímenes tienen Planes Obligatorios de Salud (POS) (medicamentos y procedimientos que cubre el sistema de salud) distintos y con diferentes prestaciones, es de resaltar que el régimen Subsidiado tiene una oferta de procedimientos y medicamentos muy reducida.
La prestación de los servicios de salud la hacen a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), en su gran mayoría de origen privado, que funcionan como intermediarias entre las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) (hospitales, clínicas, laboratorios, entre otros), y los usuarios; en otras palabras, el sistema de atención y prevención en salud se hace a través de un intermediario que cobra un porcentaje no por prestar los servicios, sino por asignar o decir qué institución de su red de oferentes presta el servicio; esto hace al sistema deficitario e ineficiente y desde luego inconveniente para el Estado, que si lo quisiera podría eliminar la intermediación y crear un sistema de atención directa.
Publicitan que el actual Sgss ha permitido lograr una Cobertura de la prestación de salud del 98 por ciento referido solamente a las IPS donde se prestan servicios de salud, sin embargo el Acceso a salud medido como el número de personas que logran hacer uso de los servicios de salud, solo es del 46,27 por ciento, mientras que la Oportunidad (rapidez y efectividad de la atención en salud) apenas es del 36,45 por ciento [2]; lo más denigrante es que el 38,2 por ciento de los pacientes, deben recurrir a Acciones de Tutela para acceder a procedimientos complejos como exámenes especializados y cirugías, entre otros.
Este modelo de salud al incorporar un intermediario genera sobrecostos a la prestación del servicio, no lo hace rentable para el Estado quien debe asumir el costo de los pacientes; sin embargo, lo hace rentable y lucrativo para las EPS que no requieren un margen de inversión alto en términos de infraestructura de salud o equipos médicos, solo requieren un andamiaje administrativo acorde la cobertura que ofrecen.
La salud sin intermediarios es más funcional
Modificar el Sgss en términos de anular la intermediación de las EPS para la prestación del servicio, requiere la derogación de la Ley 100 y esto implica una Reforma Constitucional que obliga a tener mayorías en el legislativo y respaldo popular; desde luego, esta modificación traería alivio a las finanzas del sistema, ya que las utilidades quedarían en la administración estatal, lo que permitiría reinvertir en las IPS para mejorarlas en términos de cobertura, oportunidad y eficacia.
La fortaleza del Sistema Público de Salud es vital para que un país afronte satisfactoriamente enfermedades prevalentes y pandemias, pero esto solo se puede lograr en la medida que las políticas públicas estén encaminadas al bienestar social y no a la generación de utilidades para los negociantes, por esto Colombia requiere con urgencia un cambio de modelo económico que realice la estatalización del Sgss, que traerá beneficios a toda la población y contribuirá a ir pagando la Deuda Social.
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[1] La Ministra de Salud de Colombia Carolina Corcho quiere acabar las EPS. Forbes, 05-07-2022.
[2] Indicadores Básicos de Salud 2021. Ministerio de Salud, 16-01-2022.