EL SANGRIENTO LEGADO DE DUQUE

Himelda Ascanio

Desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 4 de junio bajo Duque han asesinado 930 líderes sociales de los cuales 126 eran lideresas, 245 excombatientes, y perpetraron 261 masacres, 45 en lo corrido de este año, que dejan 1.144 víctimas fatales [1].

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en su Informe de 2021 sobre la criminalización, persecución y homicidios de Defensores de Derechos Humanos (DDH) en América Latina, registró el asesinato de 147 defensores y señala que Colombia con 126 asesinatos (85 por ciento) continúa siendo el país más riesgoso para los DDH, seguido por México con 10, Perú con 5, Honduras 4 y Guatemala 2; este Genocidio continuado empeora en 2022 con 74 asesinados, de ellos 56 en Colombia, 6 en Honduras, 5 en Brasil, 3 en México y 2 en Perú y Guatemala respectivamente [2].

La mayoría de asesinados corresponden a liderazgos étnicos y campesinos que defiende bienes comunes como la tierra, el territorio y el ambiente; también han sido víctimas sindicalistas, estudiantes y periodistas que ejercen el derecho a la protesta para exigir cambios, y exponen públicamente los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas (FFAA); el Relator para las Personas Defensoras de Derechos Humanos, afirma que los proyectos de extractivismo son la principal causa del alto riesgo para los DDH, agravada por los altos índices de impunidad, que evidencia la debilidad estatal para protegerlos y permiten el perpetuamiento de esta violencia letal.

Matan para saquear

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Ciedh) presentó su Informe sobre Colombia, donde recomienda que se necesita protección urgente para las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente; sostiene que existe un subregistro de casos, pero lo más grave son las causas del exterminio de DDH, que presenta patrones que se repiten en cada crimen y la orfandad en que quedan los territorios, el proyecto social y político al que pertenecen [3].

Para el Ciedh el dominio de las economías extractivas mediante el uso intensivo de tierras para minería, petróleo, gas, carbón, proyectos de Fracking, agronegocios, hidroeléctricas y fuentes de energías renovables exponen en riesgo la vida de los líderes que hacen contrapeso a los conflictos sociales y ambientales que generan el extractivismo. 

Las promesas incumplidas de Duque al imponer los proyectos pilotos de Fracking en el Magdalena Medio generó amenazas de muerte contra tres funcionarios, 14 ambientalistas, un Representante a la Cámara y el asesinato de tres dirigentes en esta región, con lo que el departamento de Santander acumula el mayor número de líderes ambientales perseguidos.

El Informe destaca que cada vez más se registran ataques contra DDH en torno a la extracción de minerales como el cobre y el coltán, la mayoría de ataques los perpetran las FFAA en colusión con narcoparamilitares y ejércitos privados de las empresas.

DDH víctimas de esta semana

José Ernesto Cuetía era autoridad del Cabildo Indígena en La Elvira de Miranda, médico tradicional e integrante de la Asociación proconstitución de la Zona de Reserva Campesina del Municipio Miranda (Asprozonac) en Cauca, fue asesinado el 6 de junio en el Llanito de Florida, Valle del Cauca.

Humberto de Jesús Pérez era miembro de la Zona de Biodiversidad La Fortuna del Territorio Colectivo del Consejo Comunitario Afro de El Guamo en Curbaradó, Chocó, estaba desaparecido desde el 14 de mayo y el 7 de junio la comunidad encontró su cuerpo sin vida con señales de tortura cerca de la Zona Humanitaria de Caracolí, en la vía al Carmen del Darién.

Jesuita Moreno de 60 años, era lideresa de la comunidad Noanamá, Medio San Juan en Chocó y del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), desde el 2019 venía denunciando amenazas de muerte, atentados y montajes judiciales, así como violaciones a los DDHH por parte de las FFAA y su connivencia con los paramilitares, el 7 de junio fue asesinada en el barrio La Floresta, Cali, Valle del Cauca.

Óscar Parada Torres era Consejero Consultivo LGBTIQ+ e integrante de la organización Compromiso Ciudadano, fue asesinado el 8 de junio en el barrio Bonanza de la localidad de Engativá, Bogotá D.C.

Danilo de Jesús Madrid López de 45 años, era Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Doradas Altas del corregimiento Barro Blanco en Tarazá, Antioquia, fue asesinado el 8 de junio en esa localidad.

Clara Isabel Samudio Perafán de 34 años, era lideresa del corregimiento San Joaquín en Mercaderes, Cauca, fue asesinada el 9 de junio mientras estaba en su turno de seguridad en el Colegio Israel María Narváez.

Julio Cesar Ojeda Jara era docente de la institución educativa José Acevedo y Gómez, miembro de Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, Presidente de Junta de Acción Comunal y militante del Pacto Histórico, fue asesinado el 11 de junio en la vereda El Salvador en Restrepo, Valle del Cauca.