UN AÑO DE GENOCIDIO NACIONAL, PERO RECRUDECIDO EN EL PACÍFICO

Himelda Ascanio

El 2021 fue otro año de Genocidio contra el pueblo, pero recrudecido contra las organizaciones sociales y políticas de la costa Pacífica, que en el reordenamiento territorial  imperialista están destinadas a megaproyectos,  por lo que necesitan desplazar su población.

El Tribunal Permanente de los Pueblos (PPT, por sus siglas en inglés) en junio de 2021 condenó al Estado colombiano “por la participación directa o indirecta, por acción u omisión en el Genocidio continuado, la cual deriva crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra la población étnica, campesina, sindicalista, estudiantil, LGBTIQ+, etc., por razones políticas; una estrategia sistemática, organizada y constatable de destrucción y transformación de las relaciones sociales a través del terror” [1].

La Sentencia del PPT sostiene que el régimen ha construido una cultura que desprecia la vida, consolida la narrativa negacionista para normalizar la comisión de crímenes, además a través de la institucionalidad garantiza más del 90 por ciento de impunidad a perpetradores y determinadores.

La sentencia del PPT señala la responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos por la exportación de la ideología contrainsurgente, que considera a parte de la población como Enemigo Interno, el adoctrinamiento y equipamiento de las Fuerza Armada (FFAA), configuración de fuerzas mercenarias y paraestatales; además enfatiza en la colusión entre las FFAA, las empresas nacionales y transnacionales financiadoras del paramilitarismo y cómplices de la violación de los Derechos Humanos (DDHH),  y principales beneficiadas de la existencia y de las características del Conflicto Armado, que desplazó cerca de 9 millones de personas, usurpó más de 8 millones de hectáreas de tierra para facilitar la expoliación de recursos naturales y la ejecución de megaproyectos.

El Defensor de DDHH (DDH) Javier Giraldo SJ aseguró que, “se sentía la necesidad que desde las organizaciones y movimientos sociales y populares pudieran expresar y confrontar unas informaciones con otras, para tomar conciencia del panorama de Genocidio que ha habido desde los inicios de la República de Colombia, llevado a cabo por una estructura social y política radicalmente dispuesta a exterminar a todos los grupos que no se ajustan al modelo que han querido imponer. Lo más impresionante es el método tan cruel, perverso y brutal (…), cada denuncia es acompañada de estadísticas aterradoras de muertos, desaparecidos, torturados y privados de su libertad” [2]. 

El régimen extermina por igual manifestantes y líderes sociales

La continuidad de las luchas por la defensa del territorio y la vida en el año 2021 se extendió hasta las ciudades y tomó fuerza durante el Paro Nacional entre abril y julio; en este periodo a través de la colusión entre las FFAA y los paramilitares el régimen atacó con fuerza letal y devastadora a los manifestantes [3],  perpetrando 89 asesinatos, 1.929 heridos, 103 lesiones oculares graves, 3.576 detenciones arbitrarias, 103 hechos de violencia sexuales, decenas de desapariciones forzadas y 343 ataques contra DDH [4].

Desde la Firma del Acuerdo de Paz de 2016 han asesinado 1.293 líderes, 895 de ellos durante el Gobierno Duque, lo que representa el 69 por ciento de los asesinatos, en el 2021asesinaron 178 líderes sociales, de los cuales 145 eran hombres y 33 mujeres, los sectores más afectados son el Indígena con 32 por ciento, Comunal con 22,2 por ciento, Campesino con 12,9 por ciento, y Afro y Opositor con 5,6 por ciento cada uno; durante el 2021 asesinaron 48 excombatientes firmante del Acuerdo de Paz y perpetraron 92 masacres que dejaron 329 víctimas fatales.

El exterminio sistemático de líderes sociales, excombatientes y masacres indiscriminadas ha ocurrido en todo el territorio nacional, sin embargo, los departamentos más afectados son: Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá y Chocó, cabe resaltar la incidencia o predominancia del Genocidio sobre la región Pacífica, que por su biodiversidad y riqueza mineral es de gran importancia para las multinacionales, lo cual acentúa la tesis de que el exterminio sistemático tiene como objetivo desplazar a las comunidades para facilitar el ingreso de las multinacionales.

Despiden el año asesinando líderes

Hernando Bailarín de 41 años era Guardia Mayor de la Comunidad Turriquitado Alto del Resguardo de Chageradó en Murindó, Antioquia, fue secuestrado el 22 de diciembre por narcoparamilitares en el camino hacia Turriquitado, el 23 de diciembre fue encontrado sin vida amarado a un árbol y con señales de tortura.

La Asociación de Autoridades de los Cabildos de Puerto Leguízamo, Putumayo, denunciaron que el 25 de diciembre hubo una incursión armada en la comunidad Indígena de Bellavista, Resguardo el Predio Putumayo donde perpetraron una masacre de siete personas aún sin identificar, este hecho generó el desplazamiento forzado de 35 familias integradas por 120 personas. 

El 26 de diciembre en la Vereda Sabana Larga de Sácama, Casanare, perpetraron una masacre donde fueron asesinados Damásio Velandia, María Fonseca y Ferley Velandia Fonseca, y Herido Faustino Velandia, todos de una misma familia; esta zona es de alto control militar, hay proyectos de infraestructura vial y exploración de bloques petroleros.

Esnaider Javier Castillo Ortiz de 28 años, era investigador y gestor cultural de la Región del Pacífico Sur y voz principal de la agrupación Changó, fue asesinado el 28 de diciembre en Barbacoas, Nariño.

El 30 de diciembre en el corregimiento Simaña en La Gloria, Cesar, perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales de nacionalidad venezolana, Yuredis Vilardy, José Isarael Reyes y Luis Armando Batute.

El 31 de diciembre en el corregimiento Ricaurte en El Guamal, Magdalena, perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales, Willintong Tinoco -Concejal de ese municipio-, Esneider Tinoco y Javier Hernández, y un herido.

María del Carmen Molina de 31 años era secretaria de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Buenos Aires en San Pedro, Valle del Cauca, fue asesinada el 31 de diciembre en su residencia.