‘MATAR A LOS JÓVENES ES MATAR EL FUTURO DE LA HUMANIDAD’

Himelda Ascanio

Monseñor Bruno-Marie Duffé participó en la Comisión de Verificación Internacional que estuvo en Colombia del 5 al 13 de julio escuchando las víctimas que dejó la represión del Paro Nacional, afirma que hay una respuesta de Guerra al grito de los pobres.

Monseñor Duffé lideró el Secretariado del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano hasta el 31 de julio, compartió sus reflexiones sobre la situación de Derechos Humanos (DDHH) en el país en el documento ‘Si No Hablamos… Las Piedras Gritarán’ [1], en el que expresa:

1- “Lo que viven desde abril del 2021 es una insurrección social y política, el Paro Nacional es una expresión de desesperanza y una clara negativa a la demasiada desigualdad, corrupción, violencia contra los más pobres y desprecio contra los jóvenes”.

2- “La respuesta del Estado es una represión violenta, brutal y desmesurada con acciones extremas (…), esta agresión física quiere destruir no solamente el movimiento social sino también el cuerpo social”.

3- “No hay ya referencia al Derecho ni a los Derechos Humanos fundamentales (…), cada iniciativa popular parece ser interpretada por el Estado y la Fuerza Pública como una conspiración que debe ser aplastada”.

7- “El papel de los jóvenes es central en la protesta social, su deseo es claro: preparar y construir el futuro (…) El asesinato de jóvenes -con tortura, busca reducir al silencio al que no se quiere escuchar- es una forma de crimen contra la humanidad”.

9- “Se trata de una petición de respeto a las personas, las peticiones dicen que no se puede vivir en un sistema mafioso en el cual el narcotráfico conduce la economía y la vida pública”.

10- “Colombia necesita un Pacto por la vida, afirmar de nuevo la autoridad del Derecho Público y de los DDHH, una mediación social es la única posibilidad de salvar el Pacto Social y la Iglesia puede ser un actor del diálogo, la promesa mutua y el perdón”.

Amnistía: con terror buscan acallar protesta

Amnistía Internacional (AI) presentó el Informe ‘Cali epicentro de represión’ en el que sostiene que “las violaciones de DDHH y crímenes de Derecho Internacional, como la tortura y la desaparición forzada en su mayoría contra jóvenes empobrecidos, Afrodescendientes e Indígenas cometidos por agentes de la Fuerza Pública no son hechos aislados, sino que responden a un patrón de accionar violento, destinado a infligir miedo y desincentivar la protesta pacífica” [2].

AI hizo un análisis de tres agresiones a los manifestantes: 1) la “Operación Siloé” del 3 de mayo cuando agentes de la Policía y el Goes atacaron el Punto de Resistencia con fusiles causando la muerte de al menos a tres manifestantes, cientos de heridos y varias capturas ilegales, 2) el ataque contra la Minga Indígena del 9 de mayo que dejó más de 10 comuneros heridos entre ellos la Defensora Daniela Soto y 3) los ataques perpetrados en alrededores de la Universidad del Valle el 28 de mayo, donde quedaron varios heridos y hubo detenciones arbitrarias con torturas como se evidenció con Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, ataques propiciados por Policías en colusión con narcoparamilitares urbanos.

Según AI entre el 28 el abril y 28 de junio organizaciones defensoras de DDHH documentaron más de 28 homicidios perpetrados por las Fuerzas Armadas (FFAA), sumados a 56 asesinatos atribuidos a paramilitares, cerca de 90 lesiones oculares graves, 28 casos de violencia sexual, más de 2.000 detenciones arbitrarias y cerca de 300 desapariciones forzadas cometidas por las FFAA.

El Informe formula recomendaciones al Gobierno colombiano: 1) detener la represión violenta por parte de las FFAA, 2) atender las causas estructurales que afectan el ejercicio de DDHH y las demandas sociales, 3) abstenerse de emitir pronunciamientos que estigmaticen y criminalicen la protesta, 4) reconocer el accionar represivo de las FFAA y 5) adoptar medidas para asegurar una investigación diligente que debe incluir todas las responsabilidades dentro de la línea de mando, 6) así como en la participación de civiles armados con su aquiescencia y tolerancia.

Es sistemático el extermino de opositores

Francisco Javier Posada de 54 años era Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Montebello, el 8 de agosto fue asesinado en El Granero en los límites entre el municipio de Toledo y San Andrés de Cuerquia, Antioquia.

Hernán Estiven Vásquez Gutiérrez excombatiente que era estudiante de medicina en Cuba y formaba parte de la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) Heiler Mosquera de Puerto Asís, Putumayo, fue asesinado el 8 de agosto en La Concordia de Paujil, Caquetá.

César Augusto Tamayo Ruiz es hijo del líder social César Tamayo de Floridablanca, Santander, el 10 de agosto fue víctima de un intento de asesinato, el líder ha denunciado amenazas de muerte y seguimientos.

Luz Miryam Cruz Gaona comunera indígena del Cabildo Muisca de Suba, Juan Vásquez y tres personas más fueron detenidos el 9 de agosto en la intervención violenta del Esmad al Campamento en Defensa del Humedal Tibabuyes -conocido como Juan Amarillo- en la localidad de Suba, Bogotá. 

Carlos Félix Bautista Londoño de 60 años era activista cultural, docente de la Institución Educativa El Progreso en el municipio Fuente de Oro y pertenecía a la Asociación de Educadores del Meta, fue asesinado el 11 de agosto en presencia de sus estudiantes cuando se disponía a iniciar la jornada laboral.

José Harleyo Popayán de 50 años era excombatiente y estaba realizando su proceso de reincorporación en el departamento de Nariño, fue asesinado el 10 de agosto en la vereda El Cucho en Leiva.