TRES AÑOS COSTOSOS PARA LA PAZ

Himelda Ascanio

El tercer Gobierno de Uribe se ha caracterizado por negar el Conflicto Interno y hacer trizas la Paz, además es responsable por acción y omisión del exterminio sistemático de líderes sociales, opositores, excombatientes y del trato de Guerra que propina a la protesta social.

La colusión descarada entre el Estado y los narcoparamilitares ejecuta actualmente un Genocidio aún más sanguinario que el cometido contra los Partidos de izquierda Unión Patriótica, Frente Popular y A Luchar en los años 80 y 90 del siglo anterior; desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 han asesinado a 1.219 líderes sociales, 804 de ellos durante el Gobierno de Duque (66 por ciento), 280 excombatientes y perpetrado 225 masacres [1]; el 70 por ciento de los líderes sociales asesinados integraban procesos rurales que reclaman la restitución de tierras usurpadas y la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, entre otros.

Durante el Paro Nacional iniciado el 28 de abril las Fuerzas Armadas (FFAA) en colusión con el paramilitarismo urbano asesinaron a 87 manifestantes, hirieron a 1.905, 88 de ellos con lesiones oculares graves, ejecutaron 500 desapariciones forzadas y 3.365 detenciones arbitrarias [2].

‘Un Genocidio continuado y estructural’

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) informa que en el primer semestre de este año se presentaron 44.647 víctimas de Desplazamiento Forzado, lo que representa un aumento del 140 por ciento, en comparación con las 18.607 víctimas del mismo periodo del año anterior, también supera las 32.000 víctimas registradas en el 2020, los departamentos más afectados son Nariño con 14.707 y Antioquia con 4.200 [3].

El sacerdote jesuita y defensor de Derechos Humanos (DDHH) Javier Giraldo Moreno afirma que, “en la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) de la sesión 48 en Colombia, quedó resumida la larga trayectoria de exterminio violento y cruel de los movimientos que no comparten la ideología de la élite gobernante; de manera estructural los Gobiernos vienen cometiendo un Genocidio continuado, la misma característica central del Genocidio se aplica perfectamente en la respuesta a esta movilización de los últimos meses” [4].

La defensa de la vida y los territorios, el cumplimiento del Acuerdo de Paz y las garantías para la defensa de los DDHH, son unas de las exigencias de la población empobrecida y excluida en su mayoría jóvenes quienes en las calles buscan cambios verdaderos, pasar la página de Guerra y que les permita hacer vida política sin el temor de ser exterminados.

Los ‘litros de sangre’ de esta semana

El 2 de agosto en Barrio Alto Prado de Aracataca, Magdalena, perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales, Edinson Manuel Carmona, Jesús Alberto Torres y Richard Javier Parodis, y dejó gravemente heridos a Manuel Berrio y María Alejandra Rodríguez de 15 años. 

El Primero de agosto en el corregimiento de Herrera de Rioblanco, Tolima, perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales, Gilberto Alonso Cruz Díaz, Nelson Cruz Díaz, el otro cuerpo no ha sido identificado.

Magali Pino defensora de DDHH del Coordinador Nacional Agrario (CNA) y participante activa en el Paro Nacional en Cali, el 3 de agosto recibió amenazas de muerte.

Huver Samir Camayo Fajardo de 23 años, comunero indígena asesinado por el Esmad el 4 de agosto durante una recuperación de territorio ancestral despojado por la multinacional Smurfit Kappa (Cartón Colombia) en la finca El Retiro, vereda El Arado en Cajibío, Cauca.

Wilson Andrés Quijano líder social del Cauca y estudiante universitario que ha participado activamente en el Paro Nacional, el 4 de agosto fue detenido a través de un falso positivo judicial.

Elías Pai y Patricia Moriano eran comuneros del pueblo Awá pertenecientes al Resguardo Cuaiquer Integrado La Milagrosa en Ricaurte, Nariño, el 4 de agosto encontraron sus cuerpos sin vida con signos de tortura y disparos de fusil.

Yanzhiry Hurtado Pecco miembro de la Fundación Progreso y Paz, el 4 de agosto fue víctima de un atentado en el Barrio J. F. Kennedy de Buenaventura, Valle del Cauca.

Miguel Muchavisoy era médico tradicional y autoridad del Cabildo Mayor del Pueblo Kamëntšá Biyá de Sibundoy, Putumayo, fue asesinado el 5 de agosto en su vivienda ubicada dentro del Resguardo Indígena.

El seis de agosto en el barrio San Antonio de Soacha, Cundinamarca, perpetraron una masacre que dejó cuatro víctimas fatales aún sin identificar.

La Fundación Drimmaa denunció que el 6 de agosto en un operativo de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, el Ejército hirió a tres campesinos en la vereda Salto Medio en el municipio El Retorno, Guaviare. 

En los municipios de San Miguel y Valle de Guamuez, Putumayo, el 6 de agosto perpetraron la masacre de tres venezolanos, Junior Linares Mojica, Gregorio Escalona y Wilmer Gonzáles Escalona.

Félix Tomás Batta Jiménez de 30 años, excandidato al Consejo de Arauca que brindaba asesoría a las víctimas del conflicto, fue asesinado el 7 de agosto en la vereda Monserrate de la capital de Arauca.

Gilberto Samboní Quinayas de 48 años, excombatiente que realizaba su proceso de reincorporación en el Huila, fue asesinado el 8 agosto cuando se movilizaba con su esposa en el sector de Bordones en Isnos, Huila.