ONU: EN COLOMBIA EL GENOCIDIO NO CESA
Himelda Ascanio
El genocidio contra liderazgos sociales y defensores de DDHH sigue en curso, 186 denuncias de líderes sociales asesinados en Colombia en el 2024, ha recibido la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
El Informe de ONU-DH sobre asesinato de líderes sociales en Colombia, tiene fecha de corte el 30 de noviembre de 2024, donde explica que de 186 denuncias de tales asesinatos, 80 fueron confirmadas como directamente vinculados a la labor de liderazgo social ejercida, para acallar la actividad de defensa de la vida, el territorio, los derechos y la organización comunitaria; de estas muertes confirmadas, 69 eran hombres, 10 mujeres y una mujer trans.
La población rural es la más agredida, pues 34 asesinados eran líderes y 3 lideresas campesinas, en su mayoría vinculados a las Juntas de Acción Comunal (JAC). Las comunidades indígenas también son las más perseguidas, 17 líderes y 3 lideresas indígenas fueron asesinados por su labor de liderazgo.
Según este Informe presentado por ONU-DH, el 24 por ciento de los casos verificados trabajaba en la defensa de derechos comunitarios. Un 16 por ciento en defensa de derechos campesinos, el 10 por ciento eran reclamantes de tierras y 8 por ciento eran liderazgos en defensa de los pueblos indígenas.
Ni paz total, ni territorial
El Informe también da cuenta de los territorios donde ocurrieron la mayoría de los asesinatos a líderes y lideresas sociales. En el departamento del Cauca perpetraron 17 asesinatos, 15 en Arauca (7 de estos en Tame), 11 en el Valle del Cauca y 5 en Antioquia.
Se demuestra así, que la estrategia de violencia contra los liderazgos sigue desarrollándose y no hay cambios significativos. El gobierno de Petro no ha sido capaz de detener este genocidio que continúa perpetrándose como parte de la Doctrina de Seguridad vigente y de la estrategia narcoparamilitar con que la aplican.
Es tan fuerte el predominio de la estrategia de persecución y eliminación de líderes populares que se oponen al viejo régimen, que el mismo presidente Petro lo denunció, el 14 de diciembre pasado, durante la condecoración de ex-Magistrados de la Corte Suprema de Justicia:
“Hay una Constitución, que habla de un Estado de Derecho, que busca la Justicia Social, la libertad, la igualdad, y una realidad que es una gobernanza paramilitar que mata decenas de miles de personas desde el poder y desde el Estado… ¡Una contradicción total!, que llevaría a la desesperanza de cualquier pueblo si no hubiera las opciones de prender las luces de la esperanza”.
Distintas organizaciones y plataformas de derechos humanos, también han elevado sus denuncias y exigencias para que se desmonten estas prácticas comprobadas de connivencia y colusión entre grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas de Colombia. Sostenida además por los desproporcionados niveles de impunidad, en donde muchos casos no son verificados y mucho menos condenados sus ejecutores.
Asesinados de esta semana
Diego Tulande Acosta, era un reconocido líder social, actual Fiscal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cerro Rico; fue asesinado el 21 de diciembre de 2024 en Buga, Valle del Cauca.
Pedro Aníbal Sánchez Linares, era firmante del acuerdo de paz y actualmente realizaba su proceso de reincorporación en el departamento del Caquetá; fue asesinado el 22 de diciembre de 2024 en San Vicente del Caguán, Caquetá.
El 24 de diciembre tres personas fueron asesinadas mientras se desplazaban por el sector de La floresta en la vereda de San Alfonso en la vía Balboa – Argelia.