LA PANDEMIA QUE SIEMPRE HA AZOTADO A COLOMBIA

Himelda Ascanio

El 2020 fue el  de mayor violencia política y este 2021 inició con la agudización de la Guerra sucia contra procesos populares y de la oposición, arremetida que hace el régimen para imponer su plan de neoextractivismo, para el que requiere reconfigurar el territorio y desplazar a sus habitantes.

El Doctor en sociología Boaventura de Sousa afirma que, “se nota que en Colombia es más sobresaliente el carácter represivo del Estado, ese es el carácter de incluso las masacres en las cárceles durante la pandemia; Colombia no ha sido un Estado reconocido por el lado positivo sino por el lado negativo, eso nos da la idea de que hay un retroceso democrático” [1].

El año anterior fue catalogado como el más violento con el asesinato de 310 líderes sociales, 64 ex combatientes y 91 masacres que dejaron 381 víctimas fatales [2], desde la firma del Acuerdo de Paz ya son 1130 líderes asesinados de ellos 732 durante el Gobierno de Iván Duque y 254 ex combatientes.

En el primer mes de este año han asesinado a 16 líderes (uno cada 47 horas), 6 ex combatientes (uno cada cinco días), y perpetrado 7 masacres (una cada cuatro días) con un saldo de 24 víctimas fatales; además hubo 2 intentos de homicidio, 2 secuestros y 6 desplazamientos forzados [3].

Tribunal de Opinión juzga el Genocidio

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sesionará por tercera vez en Colombia entre el 25 y el 27 de marzo de 2021, fundado en 1979 con el objetivo promover el respeto de los Derechos Humanos (DDHH) de los Pueblos, por medio de examinar los casos de violaciones graves y sistemáticas cometidas por los Estados, por autoridades no estatales y por grupos u organizaciones privadas. Es el sucesor del Tribunal Russell sobre la Guerra del Vietnam (1966-1967), y del Tribunal Russell II que juzgó las dictaduras en América Latina (1974-1976).

Gianni Tognoni Secretario General del TPP en la inauguración de la sesión número 48 que abordará ´El Genocidio Político en Colombia´, aseguró que “es impresionante ver cómo exactamente a partir del Proceso de Paz Colombia desapareció de las crónicas públicas, nadie sabe lo que pasa en Colombia” [4].

La jurista Ángela María Buitrago afirmó que “el Genocidio ha sido una práctica utilizada por el Estado aliado con grupos paramilitares,la estructura estatal en Colombia también ha sido utilizada como un aparato propio para cometer los crímenes contra las personas que categorizan de Enemigo Interno” [5].

El defensor de DDHH Javier Giraldo SJ afirma que “desde mediados del siglo XX cuando se persigue el movimiento gaitanista y a los grupos insurgentes, el Estado colombiano consolida su naturaleza Genocida con el monitoreo de los militares norteamericanos” [6].

Las víctimas de esta semana

Julián Sneider Muñoz líder juvenil de la Comuna 18 e integrante del colectivo musical Prisiones de Esperanza, fue asesinado el 23 de enero en el barrio Los Chorros en Cali, Valle del Cauca.

Los Asentamientos Indígenas Iwitsulibo y Tsawilonia Weewelianai pertenecientes al pueblo Sikuani en Puerto Gaitán, Meta, realizan un proceso de retorno al territorio ancestral luego de haber sido desplazados por narcoparamilitares comandados por Víctor Carranza; denunciaron que el 21 de enero el intendente Salas adscrito a la Policía de Puerto Gaitán y el paramilitar conocido como Cajuche los amenazaron, y les exigieron desalojar los terrenos.

Las Autoridades Indígenas de la Asociación Orewa denunciaron que el 22 de enero 16 miembros, entre ellos el Gobernador de la comunidad de Mojaudo fueron secuestrados por el grupo narcoparamilitar Clan del Golfo en el sector de Boca de Mojaudo, Chocó, además de saquear las casas amenazaron de muerte a los docentes indígenas Grimaldo Palacios, Humberto Palacios y Abisildo Palacios. 

Atanasio Moscote Gila Gobernador del cabildo del Magdalena denunció el desplazamiento forzado de 30 autoridades indígenas pertenecientes al pueblo Kogui, tras recibir amenazas de muerte por narcoparamilitares mientras realizaban una reunión el corregimiento de Palmor, en la Sierra Nevada de Santa Marta.

José Alejandro Quiñones Estacio de 27 años, ex combatiente y afro descendiente que se acogió al Acuerdo de Paz, el 24 de enero fue asesinado en el barrio Viento Libre de Tumaco, Nariño.

El 29 de enero narcoparamilitares en el sector La Tanquilla vía de Totumito a Carboneras en Tibú, Norte de Santander, perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales y ocasionó el desplazamiento de 80 familias, unas 400 personas de las veredas El Socorro y El Seis.

José Miguel Barrientos líder campesino integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Zorra, hacía parte del Comité de Gestión de Obras, fue asesinado el 29 de enero por narcoparamilitares en el corregimiento Ochalí de Yarumal, Antioquia.

Arcénico Quinayas Ruiz de 45 años, líder campesino y Tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Andes de San Agustín, Huila, fue asesinado el 29 de enero cuando ingresaba a su vivienda.